El Estado no debe dejar en manos del mercado sus tareas de desarrollo, los tecnócratas deben entender que no se puede excluir a países y ciudadanos de la toma de decisiones que tienen consecuencias sobre los valores mismos de la sociedad (Raúl Alfonsín, 2000)

En el año 2000, Raúl Alfonsín, llevaba más de diez años fuera de la presidencia, también su sucesor, Carlos Menem, que le había abierto las puertas al salvajismo de mercado, había dejado la primera magistratura  con huellas que marcarían la vida Argentina hasta hoy: altos porcentajes de pobreza, indigencia y un Estado que repercutieron en áreas sensibles como la educación, el Estado le había soltado la mano a las clases media, media –baja y baja, desentendiendose de brindar servicios básicos como agua, gas, luz y teléfonos que pasaron a manos privadas con empresas cuyo único fin era el rédito. En Argentina gobernaba De la Rúa que lejos de cambiar el modelo que le precedió, lo profundizó, primero con hombres propios y después con el “padre” del desquicio, Domingo Cavallo.

Raúl Alfonsín, llamaba a los argentinos a participar, entendía que de permanecer inmovilizados, ganaría el más fuerte “La ingobernabilidad surge de los intentos por mantener el control sobre pueblos y lugares que se encuentran marginados para participar en las decisiones que determinan sus vidas cotidianas. Tanto ciudadanos como países se vuelven "ingobernables" cuando se consideran instrumentos pasivos de las decisiones que toma una élite cerrada que gobierna transformándolos en una "masa" muda.

Sus críticas al neo liberalismo y el salvajismo las expresaba, indicando que Los individuos libres -ciudadanos libres, Estados libres- son los verdaderos protagonistas de la ingobernabilidad. Sin una responsabilidad plena e igual, no puede haber gobernabilidad duradera. Eso es los que los fundamentalistas del mercado, los asesores financieros y los tecnócratas no logran entender. No se puede excluir a países, ciudadanos, usuarios, consumidores, productores, trabajadores, empresarios y profesionistas de la toma de decisiones que tienen consecuencias sustanciales sobre sus vidas y sobre sus metas, e incluso sobre los valores mismos de la sociedad”.

Alfonsín, en cuya presidencia la palabra libertad volvió a escucharse, pedía que se aplique la ley con igualdad “En los Estados individuales, la protección del débil se logra con la aplicación igualitaria de las leyes. Pero para crear un orden internacional basado en la ley, y no en la fuerza -ahora que la fuerza económica ha desplazado al poderío militar-, es necesario reforzar el multilateralismo y extenderlo no sólo al campo económico, sino también al político”.

Nuevamente, criticando al neo liberalismo que ya había ingresado con su voracidad , Alfonsín, reclamaba equidad, equilibrio y cooperación:” “Cualquier programa que se base en el egoísmo y la injusticia generará necesariamente fuertes corrientes de disolución social y de inestabilidad. El gran reto es aumentar la igualdad y, para ello, el Estado, que la globalización afirma haber derrocado, es vital. Sólo el Estado puede establecer impuestos progresivos, regulaciones adecuadas sobre los servicios públicos privatizados, apoyo para las pequeñas y medianas empresas, mayor eficiencia en el gasto público y una mejoría sustancial en los sistemas educativos y de salud. Es la obligación innegable del Estado garantizar los beneficios de la seguridad social a todos los habitantes de un país.

Para ello, subrayaba, debía existir:” voluntad común para fijar las reglas del juego de acuerdo con los intereses de la región entera. Sólo una cooperación de ese tipo puede garantizar una base política sólida para la integración”, es decir llamaba a materializar el Mercosur, mercado del que había sido uno de sus gestores junto a Brasil, Uruguay.

Contrariando a las ideas corporativistas de las grandes empresas (que junto a otros sectores habían colaborado abiertamente en su caída), sostenía, Raúl Alfonsín “Todo el mundo acepta que el mercado necesita reglas para evitar deformaciones como los monopolios y los oligopolios. Pero el monopolio de la riqueza es igual de pernicioso. El Estado no debe abandonar su papel redistribuidor; tampoco puede dejar en manos del mercado sus tareas de desarrollo. De hecho, una vivienda y una educación de calidad, las pensiones y el seguro para el desempleo, un sistema de salud moderno y servicios sociales familiares no deben ser los frutos de una democracia establecida, sino las condiciones para la consolidación y la supervivencia de la democracia.

Fuente : Alfonsín, Raúl “La revuelta de los Estados”, El País ( España, 5 de Octubre de 2000)