El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dicta sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares (Causa 13. Año 1985). La sentencia confirmaba la noción de un plan sistemático de exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los testigos y descalificaba los argumentos de la defensa. Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato. Los únicos que recibieron la pena de prisión perpetua fueron los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos.
Se transcribe textualmente el texto del Dr. Alegre publicado en la revista Eñe del diario Clarín con el título ."El Juicio, base ética de la democracia".
Al ver a quienes fueron durante ocho años los dueños de la vida y de la muerte sometidos a la justicia civil, y ponerse de pie cuando ingresaban los jueces mi sensación fue de gran alegría. Era estudiante de segundo año de Derecho de la UBA y recién comenzaba a entender una justificación no retribucionista de la pena. En ese momento viví el Juicio como un desquite. Esa reacción visceral, no teórica, se fue enriqueciendo con el desarrollo de mi vida académica. Como colaborador del filósofo y jurista Carlos Nino fui conociendo los detalles de la arquitectura jurídica del Juicio y comprendí una de sus muchas claves. A comienzos de los noventa, el jurista Bruce Ackerman, en El futuro de la revolución liberal , abogaba porque las nuevas democracias de Europa del Este se apartaran del sendero argentino. En vez de ejercer la justicia retroactiva, que según él dividía a la sociedad y la volcaba al pasado, debían enfocarse en las reformas estructurales que unen a la sociedad de cara al futuro.
De la mano de Nino entendí el error de Ackerman: el Juicio, además de un ejercicio inédito de justicia transicional, fue una reforma institucional en sí misma, al poner fin a una casta militar ubicada por encima de la ley. Más tarde aún, reviví el Juicio a través de los ojos de un conjunto de académicos extranjeros que asistieron a las audiencias y volcaron sus reacciones en ensayos inolvidables. Por ejemplo, el inolvidable texto de Ronald Dworkin, Doctor Honoris Causa de la UBA, titulado “Un Informe desde el infierno”, que luego sería el prólogo de la edición inglesa del Nunca Más .
Allí Dworkin, además de reivindicar el Juicio como un gran avance en la lucha universal para construir un “tabú contra la tortura”, reflejaba su perplejidad ante los hechos de violencia sexual reflejados en las audiencias. Con el tiempo, y conversando con el fiscal del Juicio Luis Moreno Ocampo entendí que este hecho ha sido un gran orgullo para la UBA. La mayoría de los jueces y fiscales del Juicio fueron estudiantes, graduados, y docentes de nuestra Facultad. Varios fueron discípulos de dos grandes figuras de esta casa, Luis Jiménez de Asúa, Presidente de la República Española en el exilio y eminente profesor de derecho penal; y de Ambrosio Gioja, profesor de Filosofía del Derecho. También fueron o son parte de esta institución juristas como Jaime Malamud, Nino o Martín Farrell que tomaron parte en el diseño del Juicio y en la integración del nuevo Poder Judicial de la democracia, y muchos de los jueces de la Corte que un año después, en 1986, confirmó la sentencia del Juicio, como Genaro Carrió, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Carlos Fayt.
Esta facultad, entonces, tiene la responsabilidad de mantener vivo el legado del Juicio. Algunos hitos son la incorporación de Derechos Humanos como asignatura obligatoria en 1985; la graduación, en los 90 de los primeros egresados del nuevo Plan de Estudios que hoy son protagonistas de la lucha por los derechos humanos como presidentes de ONG, magistrados, funcionarios, académicos dentro y fuera del país, etc; la creación de las clínicas jurídicas en la década del 90, plasmando la noción de que las Facultades de Derecho son parte de la estructura de soporte de los derechos humanos, como lo propone Charles Epp; la creación de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 2008; la creación hace un año del Centro de Derechos Humanos de la Facultad; y la elección como Decana de una profesora titular de Derechos Humanos, Mónica Pinto, que ha venido profundizando la mirada de derechos humanos y de género en la conducción de esta institución. Un párrafo aparte merece el Programa “Los estudiantes vamos a los juicios”. En el punto 30 de la sentencia del Juicio a las Juntas la Cámara Federal ordena abrir nuevas causas para investigar a los comandantes de zona y subzona así como “a todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”.
Si el Juicio a las Juntas contribuyó por un lado a lo que Kathryn Sikkink llama una “cascada de justicia” global contra la impunidad frente a las violaciones masivas de derechos humanos, también activó una cascada interna de justicia, que continúa en nuestros días. La Facultad ofrece un seminario sobre Justicia y Memoria que incluye asistencia a los juicios por delitos de lesa humanidad. El Juicio bien podría iluminar e inspirar las políticas públicas que el país precisa. Primero, se trató de una estrategia jurídica y política con una profunda solidez técnico-jurídica. Segundo, se buscó la más amplia base de sustentación política, incluyendo el apoyo de los dos partidos mayoritarios. Tercero, se llevó adelante con mucha eficacia y celeridad: en menos de dos años se anuló la autoamnistía, se reformaron las leyes que hicieron posible el Juicio, se superó la instancia de la justicia militar, se hicieron las audiencias en las que centenas de testigos documentaron el horror de la represión clandestina, se produjeron los alegatos (incluyendo el que concluyó con la expresión de Julio Strassera: “Señores jueces, Nunca Más”), y se dictó sentencia.
Un homenaje a los organismos de DDHH que nunca aflojaron y, por último, a quien con su visión y liderazgo hizo posible el Juicio a las Juntas. Confesé al inicio que mi reacción inicial frente al Juicio fue de desquite. Esa comprensión primera fue enriqueciéndose y modificando. En la campaña electoral de 1983 los jóvenes cantábamos “Paredón, paredón…” y el orador siempre nos decía: “Nunca más la violencia”. Me llevó mucho tiempo entender el alcance de su política de justicia transicional, que eclipsaba cualquier lectura del Juicio en clave revanchista u oportunista. Se trataba, en cambio, de sentar la base ética de la democracia.
Owen Fiss, también Doctor honorario de la UBA y uno de los académicos invitados a presenciar el Juicio, lo expresó en términos inmejorables. Fiss es constitucionalista y un crítico intransigente de las políticas pro-tortura de Bush y de la decisión de Obama de no investigar esos abusos.
En un libro reciente, compara a Obama con nuestro Presidente de entonces: “Obama tal vez pensó que su poder era limitado. O que una política más robusta en derechos humanos habría dificultado otras iniciativas… Es imposible saber si fue así y si ese miedo estaba justificado... Obama incumplió su promesa de ser leal a los valores de la nación.
Esto me ha llevado, de manera más profunda que nunca, a apreciar qué líder extraordinario fue el Presidente Alfonsín y por qué el Juicio de 1985 siempre tendrá un lugar de honor en la historia. Los desafíos que confrontó en la transición fueron, desde toda perspectiva, mucho más graves que los que enfrentó Obama. Pero Raúl Alfonsín lo arriesgó para que se hiciera justicia.”
Fuentes : Prof . Dr Alegre, Marcelo
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Juicio-base-etica-democracia_0_1488451193.html
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