En el año 2000
el gobierno argentino había cambiado de manos, Carlos Menem después de
diez años no ocupaba el cargo máximo en la jerarquía del país, su reemplazante
fue Fernando de la Rúa, que había
despertado una alta expectativa en el país, en ese sentido también la esperanza de hallar a los culpables y de esclarecer
el atentado a la AMIA habían cobrado nuevos bríos
Sin embargo, llegado el 18 de Julio,
el día del aniversario, todo se mantenía como entonces, sin avances , sin
justicia y con la sensación de impunidad que se impregnaba en el ambiente, a 6
años de producida la masacre la indiferencia estatal lo único que generaba era desconfianza y escepticismo, la llegada de la justicia se veía a años luz
Así
lo expresaba el Comité Judío Americano en su informe reproducido por el diario Página
12:
“Después de varios anuncios
grandilocuentes, pistas falsas y desilusiones, los argentinos, y especialmente
la comunidad judía argentina ven con escepticismo la posibilidad de enterarse
alguna vez de qué sucedió realmente. El anuncio del juicio oral para fines de
este año o para el 2001 no sacudió la indiferencia y desánimo de los muchos que
dudan de que el juicio pueda echar luz sobre la conspiración para el atentado y
piensan que sólo servirá como un disfraz, una manera elegante de cerrar el caso
y olvidarse del asunto.” El sexto informe anual sobre el caso AMIA del Comité
Judío Americano, una de las más importantes instituciones comunitarias de
EE.UU., criticó ácidamente la “incapacidad” de Argentina de investigar el
atentado y reflejó la “desilusión de muchos argentinos” sobre la capacidad del
Estado de “encontrar a los culpables”.
Desde julio de 1995, el Comité publica anualmente un paper sobre la marcha de
la investigación del atentado. La sexta edición, titulada “Asuntos sin
terminar”, ya trasluce impaciencia por la falta de novedades. “La falta de
resultados en la investigación del caso simboliza la corrupción y criminalidad
todavía reinantes en varias áreas del Estado argentino”, señala el informe,
refiriéndose en particular a la policía y las agencias de inteligencia.
Tampoco se ahorran críticas a los actos de la Corte Suprema por ser “demasiado
convenientes”: el tribunal acusó primero a Hezbollah y luego al terrorista
libanés Imad Mughniyah, por el atentado contra la Embajada de Israel de 1992.
En ambos casos, la Corte “no ofreció la menor evidencia” para sostener sus
acusaciones. La conveniencia está en que, en lugar de investigar seriamente la
conexión local de ese ataque, verdadero antecedente del de la AMIA, el tribunal
señala a una organización remota y a un terrorista que EE.UU. lleva años
tratando de capturar sin éxito. Una fuente citada por el informe define la
situación: “Por lo que podemos hacer los argentinos, bien podrían haberle
echado la culpa al diablo.”
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